El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) urge a cumplir la Ley de Dependencia y blindar la financiación por las para las ayudas en este ámbito en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Según la norma, el Gobierno central es responsable de aportar el 50% de lo que se debe destinar a esta área. Sin embargo, actualmente las autonomías son las responsables del 60,4% de la financiación en dependencia y el Estado completa el 39,6% restante. 

En esta línea, CEDDD reitera la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Dependencia después de conocer los datos del XXIV Observatorio de la Dependencia –que recogemos, también, en este mismo número de entremayores–, que arrojan una muerte cada 13 minutos esperando la prestación, una espera media de casi un año para obtener una resolución y una flagrante desigualdad de condiciones por cuestión de territorio. 

“Hace tiempo que venimos reclamando este Pacto de Estado y, una vez más, los datos del Observatorio de la Dependencia hacen más que necesaria una intervención urgente para abordar esta situación; si 4.000 millones de euros no han sido suficientes, habrá que reformular el sistema para ser capaces de abordar el reto demográfico que tenemos por delante”, afirma Mar Ugarte, vicepresidenta de CEDDD. “Si actualmente hay cerca de 300.000 personas en situación de desatención, ¿qué vamos a tener en 2050, cuando según todas las previsiones el 15% de la población tenga más de 80 años, tres veces más que hoy, y casi la mitad de la población supere los 65%?”, pregunta.

En los tres últimos años, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) contabiliza que han aumentado en 287.636 las personas atendidas del SAAD y se han alcanzado un total de 1.567.107 personas con derecho a prestación al finalizar 2023. Sin embargo, según datos del observatorio, “el incremento de financiación estatal acumulado entre 2020 y 2023, que asciende a 3.793 millones de euros, ha tenido un impacto mucho menor de lo esperado en la mejora del sistema”.

Atendiendo al ese mismo informe de la asociación, de media, una persona en España tarda 324 días en resolver su situación de dependencia si bien este tiempo varía en función de la comunidad de residencia. A este respecto, la vicepresidenta de CEDDD es especialmente crítica con un sistema de financiación de la dependencia “que genera desigualdades” y “reformularlo desde un punto de vista nacional, de forma que se pueda garantizar la prestación de las ayudas en igualdad de condiciones, independientemente del lugar de nacimiento”. Asimismo, también considera urgente “simplificar las fórmulas de solicitud de ayudas, para facilitar su acceso a las personas que lo necesiten”. 

En el mismo orden, Ugarte insiste una vez más en la necesidad de elevar al 2% del PIB la inversión estatal destinada a la dependencia como única vía para garantizar la prestación de un servicio de calidad. “Las cifras conocidas esta semana ponen de manifiesto la necesidad de destinar una partida importante a la dependencia en los próximos presupuestos que se aprueben”, sostiene.  

Es evidente que los perjudicados están siendo las numerosas familias que sufren esas listas de espera en las valoraciones, pero también el sector, como exponen desde el CEDDD. Entonces, ¿en qué ha fallado el sistema además de la financiación a la que estamos haciendo referencia? “Principalmente –destaca Ugarte en una entrevista a este periódico–, falta de previsión y falta de planificación. Sabiendo lo que se nos viene encima, porque todas las previsiones apuntan en la misma dirección, no se ha invertido en formación de personas que cuiden a otras personas y actualmente ya hay un déficit de personal especializado. En consecuencia, muchas veces esta función la asumen familiares no cualificados, en su mayoría mujeres que no tienen el apoyo suficiente para su reinserción social ni laboral además de todas las trabas y situaciones que la actual Ley de Dependencia no prevé”.

Además, junto a esta situación, la vicepresidenta de la entidad añade que “no podemos obviar la brecha salarial existente entre el sistema social y el sistema sanitario, donde las malas condiciones del primero llevan a que muchas personas lo abandonen en cuanto tienen oportunidad. No puede ser un trabajo tan importante como el de los cuidados esté tan mal remunerado”.